Gallardón ha dado el paso. A Montesquieu se le permite, de ahora en adelante, volver a instalarse en la Justicia
La reforma judicial anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, supone una gran noticia y motivo de alegría para millones de ciudadanos. No es una reforma caprichosa, por cuanto en su mayoría, se contemplaba en el programa electoral del Partido Popular. Pero hay que reconocerle al ministro rapidez y dídimos. No ha perdido el tiempo y le ha puesto «ovos» al asunto. «Ovos» en portugués significa «huevos», y el arriba firmante es muy partidario, de cuando en cuando, de usar el bellísimo idioma de los lusitanos.
Serán los jueces, y no los políticos, los que elegirán a sus representantes en el Poder Judicial. Nueva Ley de Planta. Nuevo Código Mercantil para garantizar la unidad de mercado. Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde el siglo XIX. Reforma de la Ley del Aborto de Bibiana Aído, la profesora de baile. Reforma del Estatuto de las Víctimas. Nueva Regulación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, y la pena de prisión permanente revisable. Las escandalosas sentencias dictadas últimamente y que han alarmado a la sociedad necesitaban de una respuesta inmediata. Y la pena de prisión permanente, que es un truco semántico para ocultar la también solicitada por una mayoría de la sociedad cadena perpetua, significa un paso de valentía social. Los peores delincuentes, los autores de los crímenes más horrendos, no podrán gozar de los besos garantistas de nuestra Justicia buenista y demagógica. Lástima que les llegue tarde a una serie de criminales, de asesinos y de terroristas con un horizonte de libertad excesivamente cercano a pesar de sus gravísimos delitos.
La «prisión permanente revisable», o como quiera llamarse, era una demanda de la sociedad siempre desatendida. Y el Gobierno de Mariano Rajoy, desde su Ministro de Justicia, ha atendido la demanda de la sociedad. La modificación de la Ley del Aborto de Bibiana Aído, la profesora de baile, era una barbaridad. La barbaridad ha sido aliviada, que no vencida, pero se ha entrecerrado la puerta abierta de la impunidad con el asesinato de los seres más inocentes y el funcionamiento de las trituradoras. Y la sociedad, más que demandar, exigía el retorno del bueno de Montesquieu, la independencia del Poder Judicial, sin la cual un sistema democrático deja de serlo automáticamente. Y Gallardón ha dado el paso. A Montesquieu se le permite, de ahora en adelante, volver a instalarse en la Justicia española.
Los socialistas, por medio de un portavoz patricio, han dicho que Gallardón quiere entrar como un elefante en una cacharrería. Ha creído usar de una frase ingeniosa, sin apercibirse de que lo ha hecho con una sentencia diáfana y descriptiva. Nada importa el animal que en la cacharrería irrumpa, paquidermo o felino. El alboroto es el mismo. No por el elefante, sino por el desorden caótico de los cacharros. Los socialistas han reconocido que su Justicia era una cacharrería, y en este aspecto, hay que reconocerles al menos un arranque de sinceridad.
Alberto Ruiz-Gallardón es fiscal en excedencia. Y ha propuesto un Fiscal General del Estado respetado y admirado por casi todos. A Eduardo Torres-Dulce le dio pelifrús Conde-Pumpido, el de la mirada diagonal. Y el nuevo ministro de Justicia es hijo de un jurista excepcional, José María Ruiz-Gallardón, que unía a su excepcionalidad profesional un temperamento fuerte y un sentido de la decencia y la eficacia asombroso. Entrará como un elefante en una cacharrería, precisamente por eso, porque se trata del vertedero de cacharros inútiles que nos ha dejado el PSOE en la Justicia.
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