El gran escándalo de la Junta de Andalucía
El cocinero del fraude de los ERE
El ex consejero de Empleo, que ideó el sitema de ayudas millonarias ilegales, es el tercero en ingresar en prisión
Adocenado, con la suficiencia que da llegar a al Kilimanjaro de la Junta sabiendo que el manual de escalada exigido ya lo llevaba bien aprendido de la calle, de la sede y de las bodegas de Jerez. Sonrosado, parlanchín y orondo, ha bordado el abrazo como intensa jornada laboral. Había un currículum, el suyo, que no incluía sacarse el carné de conducir porque el cargo hace al chófer en un sentido bíblico, de creación de recursos humanos y automóviles a cargo de la administración andaluza.
Licenciado en Derecho, Antonio Fernández García –el genio de la lámpara maravillosa que ideó el sistema de ayudas millonarias de los ERE– llegó a la cárcel de Morón de la Frontera de traje y córbata en la primera noche de esta Feria de abril, sin alberto en los zapatos, con lamparones en los huesos.
El ex alto cargo de los presidentes regionales Chaves y Griñán había aguantado en pie las 200 preguntas de Mercedes Alaya. Viernes, sábado, domingo y lunes, a más de 10 horas de interrogatorio la jornada y él pendulando de los brotes de orgullo impostado al humorismo de verbena: «No pretenderá que sepa el número del cupón», le dijo a la juez, mientras su abogado insistía en la dureza del trato de la magistrada hacia el insigne cliente.
Durante la década de 2000, Fernández fue viceconsejero y, posteriormente, consejero de Empleo. En 2001 encontró, como si estuviera en el laboratorio del doctor Mabuse, el «sistema operativo» (sic) por él que, presuntamente, se iba a agilizar el reparto de ayudas a empresas y trabajadores en dificultades. El léxico «sistema operativo» se magnífica al contagio con la informática, cuando en repetidos casos todo lo que había de un expediente para ordenar un pago millonario a una empresa que no existía era un pósit. El pósit era la síntesis del sistema operativo de Fernández.
En realidad, según se desprende del último auto de Alaya, el apaño del ex responsable de Empleo de la Junta de Andalucía era «permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, pues al no exisitir controles y estar las citadas ayudas huérfanas del procedimiento legalmente exigible, podían regalarse las mismas fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación política u otro tipo de interés, actuación bien alejada de los propios principios de actuación de la Junta de Andaluciía según el artículo 133 de su Estatuto de Autonomía que recoge entre otros el de servir con objetividad al interés general, el principio de eficacia, de racionalidad, de imparcialidad, de lealtad, de buena fe, de protección de la confianza legítima de los ciudadanos y de no discriminación de los mismos».
Durante todos estos años, el dirigente socialista hoy encarcelado repartió ayudas por un montante de casi 478 millones de euros, muchas a empresas pantalla, sin actividad ni trabajadores. Su rumboso y caótico «sistema operativo» le autorizó a incluirse como antiguo trabajador en el ERE de la bodega González Byass, en la que entró a trabajar de botones cuando todavía era menor de edad.
La consejería de Empleo que dirigía ayudó en 2008 a prejubilar a 94 trabajadores, él entre ellos, mientras ejercía cargo público. Sobre este rocambolesco episodio, Alaya sentencia: «Consecuencia de su inclusión en dicho Expediente de Regulación de Empleo, el sr. Fernández ordenó sin que mediara la menor solicitud, una ayuda sociolaboral a González Byass de 17.459.092 euros, y ello con la decidida intención no sólo de beneficiar a la empresa a la que había pertenecido, sino de cobrar sus rentas por la prejubilación de la misma». Con desahogo, ni siquiera se preocupó de renovar su excedencia por cargo público, renunció a la prejubilación (de más de 300.000 euros) cuando se conoció el escándalo pero ya antes había firmado su indemnización por despido (más de 30.000) de una empresa de la que llevaba tantos años sin prestar servicio.
A la madre de Craxi, aquel socialista italiano que ponía «al dente» la corrupción y acabó exiliado en Túnez, le preguntaron para un documental por su hijo. Ella contestó: «Yo siempre me digo que cuando no puedes hablar bien de alguien, mejor será que no digas nada». El PSOE andaluz, la familia de Fernández, se ha situado entre la exhibición de la tristeza por su encarcelamiento y el subrayado de su encomiable facha de servidor público. Según ellos, Fernández se preocupó de los más desfavorecidos, con gran hondura de corazón.
Licenciado en Derecho, Antonio Fernández García –el genio de la lámpara maravillosa que ideó el sistema de ayudas millonarias de los ERE– llegó a la cárcel de Morón de la Frontera de traje y córbata en la primera noche de esta Feria de abril, sin alberto en los zapatos, con lamparones en los huesos.
El ex alto cargo de los presidentes regionales Chaves y Griñán había aguantado en pie las 200 preguntas de Mercedes Alaya. Viernes, sábado, domingo y lunes, a más de 10 horas de interrogatorio la jornada y él pendulando de los brotes de orgullo impostado al humorismo de verbena: «No pretenderá que sepa el número del cupón», le dijo a la juez, mientras su abogado insistía en la dureza del trato de la magistrada hacia el insigne cliente.
Durante la década de 2000, Fernández fue viceconsejero y, posteriormente, consejero de Empleo. En 2001 encontró, como si estuviera en el laboratorio del doctor Mabuse, el «sistema operativo» (sic) por él que, presuntamente, se iba a agilizar el reparto de ayudas a empresas y trabajadores en dificultades. El léxico «sistema operativo» se magnífica al contagio con la informática, cuando en repetidos casos todo lo que había de un expediente para ordenar un pago millonario a una empresa que no existía era un pósit. El pósit era la síntesis del sistema operativo de Fernández.
En realidad, según se desprende del último auto de Alaya, el apaño del ex responsable de Empleo de la Junta de Andalucía era «permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, pues al no exisitir controles y estar las citadas ayudas huérfanas del procedimiento legalmente exigible, podían regalarse las mismas fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación política u otro tipo de interés, actuación bien alejada de los propios principios de actuación de la Junta de Andaluciía según el artículo 133 de su Estatuto de Autonomía que recoge entre otros el de servir con objetividad al interés general, el principio de eficacia, de racionalidad, de imparcialidad, de lealtad, de buena fe, de protección de la confianza legítima de los ciudadanos y de no discriminación de los mismos».
Durante todos estos años, el dirigente socialista hoy encarcelado repartió ayudas por un montante de casi 478 millones de euros, muchas a empresas pantalla, sin actividad ni trabajadores. Su rumboso y caótico «sistema operativo» le autorizó a incluirse como antiguo trabajador en el ERE de la bodega González Byass, en la que entró a trabajar de botones cuando todavía era menor de edad.
La consejería de Empleo que dirigía ayudó en 2008 a prejubilar a 94 trabajadores, él entre ellos, mientras ejercía cargo público. Sobre este rocambolesco episodio, Alaya sentencia: «Consecuencia de su inclusión en dicho Expediente de Regulación de Empleo, el sr. Fernández ordenó sin que mediara la menor solicitud, una ayuda sociolaboral a González Byass de 17.459.092 euros, y ello con la decidida intención no sólo de beneficiar a la empresa a la que había pertenecido, sino de cobrar sus rentas por la prejubilación de la misma». Con desahogo, ni siquiera se preocupó de renovar su excedencia por cargo público, renunció a la prejubilación (de más de 300.000 euros) cuando se conoció el escándalo pero ya antes había firmado su indemnización por despido (más de 30.000) de una empresa de la que llevaba tantos años sin prestar servicio.
A la madre de Craxi, aquel socialista italiano que ponía «al dente» la corrupción y acabó exiliado en Túnez, le preguntaron para un documental por su hijo. Ella contestó: «Yo siempre me digo que cuando no puedes hablar bien de alguien, mejor será que no digas nada». El PSOE andaluz, la familia de Fernández, se ha situado entre la exhibición de la tristeza por su encarcelamiento y el subrayado de su encomiable facha de servidor público. Según ellos, Fernández se preocupó de los más desfavorecidos, con gran hondura de corazón.
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